La Cámara de Diputados votó los nuevos criterios para suministrar e incorporar los medicamentos de alto costo al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). El artículo 425, que fue cuestionado por diferentes organizaciones sociales, tuvo modificaciones y finalmente terminó en tres artículos: 443, 456 y 457.
En la versión inicial se eximía de la responsabilidad al Estado en la dispensación de medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en el FTM. Según los críticos de la medida, esto era una barrera de hecho a las acciones de amparo. El tema se analizó en la comisión de salud y se discutió luego durante dos horas en sala. El resultado final no modifica demasiado el planteo inicial de algunos actores.
“El efecto de esto es que hace más difícil el andamiento de las acciones de amparo, que tiene entre sus requisitos el de la ilegitimidad manifiesta del acto u omisión que se impugna, no puede ser fina o sutil y que le cueste determinar al juez, porque debe resolver en tiempo breve y tiene que manejarse con evidencia muy clara e indiscutible. Si esto se sanciona, mañana va alguien a la justicia y le van a decir invocando estos artículos que no hay ilegitimidad de ningún tipo”, dijo el diputado colorado Ope Pasquet.
Con la redacción actual, el Estado es responsable de brindar los medicamentos que están en el FTM, pero también se definieron criterios para la incorporación de medicamentos o procedimientos que no estén amparados.
“La incorporación de dichas especialidades al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) deberá contar con un informe técnico de impacto presupuestal y de evaluación económica según las recomendaciones vigentes de la OMS, evidencia científica, estudio de costo‑efectividad y sustentabilidad para el Sistema Nacional Integrado de Salud”, dice la norma.
Se necesitaría todo el presupuesto para liberalizar
Desde el Partido Nacional y el Frente Amplio hubo coincidencias en que este articulado no resuelve el problema de fondo, tema que se llevó gran parte de la discusión.
El Fondo Nacional de Recursos (FNR) tiene una comisión técnica que lo asesora y define qué medicamento se incluyen en el FTM. No tiene actas y por eso hay medicamentos que se analizan por tres años, pero luego se pierde la línea de razonamiento y no se sabe cuál fue la motivación científica, según planteó el diputado blanco Martín Lema.
El frenteamplista Luis Enrique Gallo reconoció que el sistema actual del FTM no funciona bien. Según dijo, por amparos en el Poder Judicial se gastaron 12 millones de dólares en los últimos tres años.
Gallo sostuvo que modificar la ecuación actual del servicio requiere analizar números, estadísticas y costos. En el medio, están los intereses de los gobiernos, las multinacionales farmacéuticas, las familias, las instituciones de asistencia, el Poder Judicial y hasta los medios de comunicación fueron mencionados por el legislador, ya que a su criterio son quienes definen el encare que se le da al tema en la agenda.
“Lamentablemente tenemos 15.000 pacientes por año con cáncer, de los cuales fallecen 7.800 por cáncer metastásico. Si les damos los medicamentos monoclonales que alargan su calidad y sobrevida, estaríamos consumiendo 480 millones de dólares por año ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? Precisaríamos todo el incremento presupuestal que estamos votando hoy para todo el Uruguay”, señaló.
Las desigualdades actuales
Lema fue el vocero del Partido Nacional en este tema y dio una visión del escenario actual, que según dijo tiene una “profunda desigualdad”. La primera de ellas entre los que pueden pagar medicamentos de alto costo y los que no.
Ese colectivo de los que no pueden pagarlos, según Lema, es el que está amparado bajo la premisa del artículo 44, inciso dos, de la Constitución de la República. “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes” en casos de enfermedad.
Pero también habló de otras desigualdades del sistema actual: los que pueden promover acciones de amparo en la justicia y los que no, los diferentes criterios de los jueces al momento de fallar, la diferencia entre los médicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que según dijo tienen la orden de no recetar medicamentos de alto costo que estén por fuera del FTM, y las excepciones discrecionales que hizo el Poder Ejecutivo con algunos casos.
“No existe la solución perfecta”
El vocero del oficialismo en Diputados fue Gallo, médico y ex presidente de Junta Nacional de la Salud (Junasa).
Lo primero que hizo el legislador fue definir qué es un medicamento de alto costo. “Son medicamentos que tratan las enfermedades catastróficas, poco prevalentes. Son anticuerpos mononucleares que están en el mercado desde 2006 o 2007 y se define alto costo cuando en una familia hay un paciente que padece esta enfermedad y el costo del medicamento que tiene que tomar supera el 40% del ingreso del núcleo familiar”, explicó.
Los medicamentos de alto costo se brindan a través del FNR y los usuarios recurren a ellos cuando un médico se los indica.
En el FTM hay medicamentos de alto costo contemplados para determinadas patologías. El problema se genera cuando se receta un medicamento de alto costo que no está en el FTM o con los que están incluidos pero para una patología diferente a la que tiene el paciente.
Según datos publicados por Presidencia, el FNR financia tratamientos con más de 30 medicamentos de alto costo para patologías como cáncer de mama, de colon, de pulmón, de riñón y del sistema nervioso central, leucemia mieloide, tricoleucemia, linfomas y mieloma múltiple, así como prevención de la infección con VRS en recién nacidos.
También incluye la atención de enfermedades de Parkinson, fibrosis quística, hepatitis C, artritis reumatoidea, espondiloartritis, enfermedad de Crohn, diabetes y esclerosis múltiple.
Gallo dijo que el FNR asiste a menos del 1% de la población y afecta el 4% del costo total en salud del país, unos 190 millones de dólares anuales.
El legislador dijo que hay tres o cuatro medicamentos que no están contemplados en el FTM y que generan el problema en el escenario actual. Son medicamentos para tratar diferentes tipos de cáncer.
“Son los que apelan los ciudadanos que no están comprendidos dentro del farmanuario terapéutico. El Pertuzumab, anticuerpo mononuclear que se da para el cáncer de mama. En Uruguay hay 1.800 cáncer de mama y de esos 50 son metastásicos que terminan falleciendo. Si le diéramos a esas 50 pacientes para mejorar su calidad y sobrevida, precisaríamos 3.000.000 de dólares. Otro ejemplo, el Cetuximab para el cáncer de colon metastásico. En Uruguay hay 368 casos de este cáncer, de los cuales la mitad son metastásicos y para tratarlos se necesitan 7.000.000 de dólares. La realidad más cruel, con el Vemurafenib, que trata el melanoma metastásico, hay 20 casos por años y el costo anual de atenderlos sería de 670.000 dólares. Este es el dilema que tenemos, no digo que esté mal o bien incorporarlos, pero es la realidad actual”, explicó.
Gallo dijo que hoy se destinan 35 millones de dólares a medicamentos de alto costo, de los cuales 13 son para tratamientos oncológicos. “La solución perfecta e ideal no existe, no pasa por la toma de medidas y menos por un texto legislativo. Es un proceso de índole colectivo, necesario de la mejor comunicación, donde con extrema ponderación y honestidad intelectual y con consciencia de toda la población se admita que no todos los medicamentos de alto costo son financiables con equidad, solidaridad e igualdad en nuestro país, porque en ningún país del mundo lo son porque ninguna economía podría financiarlos”, dijo Gallo.
Las propuestas
Los legisladores que discutieron el tema plantearon alternativas para mejorar la realidad actual. Lema propuso analizar la incorporación de medicamentos en el FTM cada seis meses y hacer un acceso por franja en algunos casos para que el medicamento se pague en forma compartida entre Estado y el paciente.
Para el diputado blanco “es difícil explicarle a la gente que los recursos son finitos”, cuando se gasta dinero en cosas que “no son productivas”, como los 20 millones de dólares en publicidad de Ancap.
Gallo respondió y pidió “elevar el nivel de la discusión”. “Tenía la esperanza de no escuchar cosas que se han dicho porque minimizan el debate. Me tomé el trabajo de pedirle a un compañero que trabajó en el presupuesto de preguntarle cuánto se ahorraría si no se contrataran asesores para los ministros. Si solo trabajara el ministro y su secretario, se ahorrarían 10 millones de dólares. Cuatro millones acá o cinco millones allá, no pasa por eso. Tenemos que concientizarnos del tema, de la gravedad. La Constitución dice asistencia, tenemos que ver qué tipo de asistencia y qué prevenciones, acá estamos hablando de medicamentos de alto costo para pacientes que, lamentablemente, no tienen más chances de vivir y esto mejora la calidad de vida, no más allá, de año o año y medio. Solamente en un caso podemos llegar a cinco años de sobrevida”, expresó.
Gallo dijo que se podría crear una comisión o colectivo que resuelva sobre los amparos en un plazo breve y le otorgue un informe al juez. Estará integrada por las partes, incluidos el médico tratante y los pacientes, y actuará en base a criterios técnicos.
El legislador sostuvo que la decisión de brindar un medicamento es médica y no puede quedar a criterio del juez.
